Expectativas desde la prisión – Parte III

0
57
Esperamos solución a la crisis social y humanitaria de los centros de reclusión en Colombia
Mediante espacios de participación y pedagogía a nivel local, regional y nacional, que permitan la construcción, socialización y retroalimentación de propuestas de la población reclusa, con presencia activa de entidades de Gobierno y Estado, organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares y amigos de las y los presos del país, así como de organismos internacionales tales como el CICR y la ONU; los detenidos de Palogordo proponen generar ambientes propicios para la Mesa Nacional carcelaria.
La idea fue presentada durante la Audiencia preparatoria sobre participación, en la cual intervinieron, enarbolando además las banderas que han aglutinado a las y los presos del país, organizados/as en el Movimiento nacional carcelario – MNC. Propuesta en la que coinciden con otros detenidos y detenidas de otros centros de reclusión que tuvieron voz en este escenario.
De la participación, como parte de la sociedad en los diálogos que adelanta el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno, los presos de Palogordo esperan una solución definitiva a la crisis social y humanitaria que vive la población reclusa.
¿Qué esperan los presos de Palogordo, de la Mesa de diálogos instalada en Quito?
Aprovechar los espacios abiertos en la Mesa de Quito, donde los entes gubernamentales puedan dar una positiva solución a la crisis social y humanitaria de los centros de reclusión en Colombia, siendo escuchados por los organismos nacionales e internacionales, respecto a la utilización de los elementos en la defensa de los derechos humanos, encontrando una participación integral de todos los sectores.
¿Cómo fue la preparación de esta audiencia por parte de ustedes?
Debido al problema coyuntural existente en las cárceles del país, hemos adelantado reuniones periódicas de la población aglutinada en el Movimiento Nacional Carcelario, manejando un documento base de los problemas estructurales existentes, a partir de la cual se elaboró una propuesta que dicta:
El movimiento nacional Carcelario es un espacio de análisis detallado de la realidad política, económica, social y cultural del país y de las realidades que se viven al interior de los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, en lo que respecta a la búsqueda de soluciones a la grave crisis social y humanitarias al interior de los mismos.
Hemos colegido la necesidad de crear una mesa nacional de familiares y amigos de los presos de Colombia, tomando como basamento la resolución 3569 del 22 de septiembre de 1999, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, amparados en los dispuesto en el articulo 1º de la constitución política de Colombia que cual que “Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de republica unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democráticas, participativas y pluralista, fundada en respeto de la dignidad humana en el trabajo y al solidaridad de las personas que la integran y en prevalencia del interés general”.
A partir de allí, consideramos que es deber del Estado colombiano el velar y procurar el goce de los derechos fundamentales a la vida y la dignidad humana, tanto de los ciudadanos colombianos, como de los presos de Colombia y en especial estos últimos, puesto que se encuentran en un estado permanente de indefensión y vulneración de sus derechos fundamentales .

Todo eso con el objetivo de que tengamos voz y representación, al exterior de estos muros, en una mesa nacional, la cual es un medio efectivo de articulación entre la población privada de la libertad y el componente constitucional del sistema penal y carcelario.

Según lo fallado entre otras, en la sentencia T- 053 del 2013, la que la Corte Constitucional refiere a las relaciones especiales de sujeción entre la población reclusa y el Estado, de las cuales se deriva un vínculo en el que en un lado el recluso se sujeta a determinaciones que se adopte en relación con las condiciones del centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en el ejercicio de ciertos derechos y del otro, el estado asume la responsabilidad de protección y cuidado del interno durante su tiempo de reclusión. Esta corporación ha precisado que entre la consecuencias más importantes de la existencia de la relaciones especiales de sujeción se encuentran:
1. La posibilidad que se tiene de limitar ciertos derechos fundamentales de los reclusos tales como, lo de intimidad , reunión, trabajo, etc.
2. La imposibilidad de restringir el ejercicio de algunos derechos fundamentales como: la vida, la dignidad humana, la salud, la libertad de cultos, el debido proceso, el habeas data, entre otros.
3. El deber del estado de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación dada la especial situación de indefensión o debilidad manifiesta en la que se encuentren los internos.
4. El deber positivo del estado de asegurar todas las condiciones necesarias para garantizar la efectiva resocialización de las personas recluidas.
Sin embargo, estas obligaciones del Estado no se cumplen y de ahí se ha derivado una crisis continuada, que debe ser conjurada.
Hemos planteado que la mesa nacional, como espacio de participación de la población reclusa, debe estar conformada por dichos integrantes:
· Por cada pabellón 5 mujeres y 5 hombres, familiares y allegados de los presos en Colombia.
· Vinculación de la iglesia católica como garantes de los cumplimientos y las propuestas que se produzcan al interior de la misma y a su vez como acompañante interno de carácter espiritual, social  y cultural para los presos de Colombia.
· Vinculación de los organismos de control, tales como: la Defensoría del Pueblos, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, aunados con los miembros de los consejos municipales, asambleas departamentales y el Congreso de la Republica.
· Vinculación de un delegado de la corte constitucional y además un delegado de la cruz roja internacional y de la organización de las naciones unidas – ONU como garantes de los tratados internacionales en los que respecta a los derechos humanos, los cuales realicen acompañamiento.
· Vinculación del INPEC y la USPEC como partícipes, en procura de una solución de unos problemas que durante décadas han aquejado a la población privada de la libertad en Colombia.
· Vinculación del Equipo Jurídico Pueblos, colectivo de abogados José Alvear Restrepo y ONG`S defensoras de los derechos humanos y a quienes ejerzan funciones como gestores de paz .
De esta forma el movimiento nacional carcelario articulado a la mesa nacional como constructores de justicia, equidad y dignidad, proponen
· Rebaja de penas para toda la población reclusa de Colombia sin excepción de ninguna naturaleza.
· Que se decrete emergencia social y humanitaria al interior de los centros penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.
· Regionalización de la persona privada de libertad en procura de la preservación de su núcleo familiar  y social.
· Beneficios administrativos y subrogados penales para todos y todas las personas privadas de la libertad en Colombia.
· Erradicación del hacinamiento y otras causas de la violación masivas de los derechos.
· Aplicación de una justicia restaurativa, basada en la equidad y la igualdad.
· Reforma a la política criminal y penitenciaria del país.
· No a la extradición de nacionales.
· Conformación y dinámica de la mesa de víctimas.
Todo lo expuesto antes debe funcionar al rededor de las sentencias T-153 y  T- 388, las cuales se encuentran ratificadas en la sentencia T- 762 del 2015, en la cual se habla de las generalidades de las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos al interior de las cárceles en Colombia.
¿Cómo se concretaría esta propuesta?
Para llevar a cabo la propuesta planteada, se crea el plan piloto de pedagogía como instrumento de participación general para todos los patios, desarrollando dinámicas vinculantes a nivel local, regional y nacional de la siguiente  forma:
· Encuentro de representantes de derechos humanos de cada comunidad del establecimiento mas dos acompañantes de cada patio, direccionado por el cónsul de derechos humanos del panóptico, Defensoría del pueblo, Comité de Solidaridad de los Presos Políticos y Sociales, Equipo Jurídico Pueblos.
· Conformación de las mesas de trabajo con la participación tripartita es decir; entes del estado, entes no gubernamentales y presos con sus familias. Conformación de estas mesas con entidades del estado, familiares de allegados, entes no gubernamentales, colectivos de abogados, juntas de acción comunal y adjuntas, un delegado de la mesa de quito, gestores de paz de la iglesia católica y el Equipo Jurídico Pueblos.
· Conformación de la mesa de trabajo nacional, los trabajos regionales y locales son vinculantes a la mesa nacional, integrantes:
– Representantes de la Presidencia de la Republica.
– Representante del Congreso de la Republica.
– Representante del Ministerio de Justicia y del Derecho.
– Representante de la Corte Constitucional.
– Representante de Defensoría del Pueblo.
– Representante de la Cruz Roja Internacional.
– Representante del Equipo Jurídico Pueblos.
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here